Todos deben tener acceso a ella sin importar estrato socioeconómico. La privatización pone en riesgo el acceso igualitario a la atención en salud, obligando a las personas a buscar alternativas financieras para poder acceder, cuando el estado debe ser garante en este derecho y debe ser labor de el la promoción y la oportunidad de acceso a la atención en salud.
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